Los derechos humanos de las mujeres, la justicia internacional, penal internacional y la perspectiva de género

Los derechos humanos básicos de las mujeres, cuyo reconocimiento específico ha sido el fruto de una tendencia innovadora en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, son ignorados y violentados en todo tipo de conflictos armados. Como los crímenes de violencia sexual tienen a las mujeres como su objetivo casi único, hasta la reciente labor de los tribunales penales internacionales estos delitos fueron considerados menores y han sido calificados de simples infracciones o totalmente ignorados. Gracias a los progresos alcanzados en el Derecho Internacional Penal, la perspectiva de género se ha incluido en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de forma transversal en todo el tratado, y no sólo en el contexto de la definición de los crímenes. Este trabajo aboga porque se avance en la misma dirección en los Derechos penales nacionales

Las Bacrim, delincuencia común o grupo armado al margen de la ley un reflejo de la violencia en Colombia

Las bandas criminales o Bacrim, surgieron como producto de la desmovilización de los grupos paramilitares en 2003. Actualmente no sonconsideradas por el Gobierno como un grupo irregular o actor armado, es por ello que el Ministerio de Defensa al referirse a estas organizaciones las señala como bandas criminales independientes del conflicto armado en Colombia.Así pues, en apariencia las Bacrim no deberían ser consideradas como delincuencia organizada, sino como grupos armados irregulares, precisamente porque tienen una organización, una estructura, una jerarquía militar, un líder central de donde provienen las decisiones, y aunque se organizan para delinquir, lo que cuenta son los fines (Maya, 2012).No obstante, al descender de los paramilitares quienes no solo desarrollaron una violencia contrainsurgente sino el negocio del narcotráfico, así como la construcción de un poder regional, las Bacrim bien pueden ser consideradas un grupo al margen de la ley, que actúa de manera violenta en sus áreas de influencia, violando los derechos humanos e infringiendo los principios del DIH en Colombia

Latinoamérica y la CPI: afrontar la impunidad en Colombia

In order to understand the degree to which the International Criminal Court (ICC) - the purpose of which is to combat impunity for crimes against humanity committed after 1 July 2002 - we must evaluate how the international community has reacted to it, and the degree to which it is implementing the fundamental principles consecrated by the Rome Statute. The ICC depends on the support of regions to work efficiently. Given that reactions to it have varied from region to region, this can have a serious impact on its effectiveness. This article examines the level of Latin American cooperation with the ICC. Various countries of that region were particularly receptive toward the project of establishing a permanent international criminal court. But the real test of commitment will come when there is an investigation of (and even judicial proceedings against) Latin American nationals, or of and against a situation occurring in a Latin American country. The case of Colombia, a country which has been the stage for innumerable violations of human rights over the past decades and where the conflict is still producing victims, can be a real test case. But we need to know whether all the legal requirements that allow the organs of the Court to act are present, and to evaluate the way in which the ICC could become a large or small part of a strategy to combat impunity for war crimes and crimes against humanity in Colombia

La represión de los Crímenes Internacionales por parte de los Tribunales Nacionales: el Alien Tort Claims Act

Dissetenes Jornades de Foment de la Investigació de la FCHS (Any 2012)El verdadero desafío de la Comunidad Internacional es determinar las fuerzas, los poderes y las normas que regulan a la sociedad internacional en un determinado momento histórico. Éste se concretiza en el establecimiento de los límites y criterios útiles a la hora de determinar la primacía, la subordinación o la compatibilidad entre las normas internacionales o entre estas últimas y las normas nacionales. En los últimos años, por ejemplo, el debate internacional se ha centrado sobre la temática relativa a la jurisdicción universal en materia civil en caso en que se haya concretizado una violación de una norma de derecho internacional que prohíbe la comisión de un crimen internacional. La jurisdicción civil universal es una norma que otorga competencia a los tribunales nacionales para indemnizar a las victimas de crímenes internacionales. Otorgando competencia civil de carácter universal sobre crímenes que han sido cometidos en el extranjero por parte de extranjeros, tropieza con otras leyes internas e internacionales y debido a esto, ha encontrado numerosos obstáculos para su aplicabilidad. Para complicar aún más la situación, hay que tener en cuenta otros aspectos como el hecho de ser actualmente adoptada por un solo país, Estados Unidos de América, a través del Alien Tort Claims Act. Partiendo del análisis histórico sobre la utilización de esta tipología de jurisdicción, el presente artículo se centrará en el corazón de la temática relativa a los límites y críticas que rodean esta norma hacia la creación de una responsabilidad sobre las empresas en la comisión de crímenes internacionales. Precisamente la incertidumbre que rodea esta ley desde el momento de su creación hace mas difícil determinar y solucionar los diferentes problemas a los que los tribunales nacionales se enfrentan en cada caso basado en esta jurisdicción.The real challenge for the international community is to determine the forces , powers and rules of international society in a particular historical moment . This is embodied in the setting limits and criteria useful in determining the supremacy , subordination or compatibility between standards international or between the latter and national standards . In recent years , for example , the international discussion has focused on the issue on universal jurisdiction in in civil case that has been concretized a violation of a rule of international law prohibiting the commission of a crime international . The universal civil jurisdiction is a rule granting jurisdiction to national courts to compensate victims international crimes. Giving civil universal jurisdiction over crimes that have been committed abroad by foreigners , encounters with other domestic and international laws and because of this , has encountered numerous obstacles to their applicability. complicating the situation further , as other aspects must be taken into account currently being adopted by a single country, the United States of America, through the Alien Tort Claims Act Based on the historical analysis of the use of this type jurisdiction , this article will focus on the heart of the on limit and reviews surrounding this standard subject to the creating a business responsibility in the commission of international crimes. Precisely the uncertainty surrounding this law from the moment of its creation makes it difficult to determine and solving the various problems that national courts face in each case based on this jurisdiction

Intervención legal de la policía nacional frente a las medidas de protección en delitos de violencia familiar Lima Sur 2021

Los delitos de violencia familiar han tenido un rotundo aumento dentro de los diversos sectores del universo. En ese sentido, el Perú es uno de los países de América Latina con mayor índice de violencia familiar en 2020, a pesar de que este año se ha tenido una crisis de salud global por el virus COVID 19. No obstante, todo ser cuenta con el derecho a la tutela judicial efectiva, que consiste en solicitar a una institución pública que respete sus derechos, como la integridad física y psíquica, ante los órganos jurisdiccionales encargados de la protección de los derechos fundamentales. Al término de estos engorrosos, tediosos y burocráticos procesos, el juez emite una resolución de medidas de protección a favor de la víctima de violencia familiar, para lo cual se remite a las autoridades policiales con el fin de hacerla efectiva. La metodología de estudio ha identificado la aplicación de un enfoque cualitativo, a casusa del análisis interpretativo de los fenómenos de estudio que han sido expuestos dentro de la problemática. En conclusión, según el marco de la prestación de garantías a las personas violentadas, estas medidas de protección deben ser llevadas a cabo por la Policía Nacional en el marco de sus funciones y competencias, a fin de prevenir la integridad física y psicológica en materia de violencia intrafamiliar

Criminal military courts in Colombia in the light of the CIDH’S jurisprudence

El presente artículo de reflexión pretende analizar el fuero militar en Colombia en relación con los pronunciamientos tanto de la Corte Constitucional colombiana, como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En efecto, luego de examinar el Acto Legislativo 02 de 2012, “por el cual se reforman los artículos 116, 152 y 221 de la Constitución Política de Colombia”, donde la Corte (constitucional) decidió declarar inexequible la norma, lo cual representa para los miembros de la Fuerza Pública la continua vulneración a las garantías judiciales y protección judicial, premisa a la que se llega a través de la lectura y evaluación jurídico-política de los pronunciamientos de la Corte Constitucional y el sistema interamericano de protección de los Derechos Humanos, más aún cuando Colombia en la actualidad se enfrenta a un proceso de paz que genera toda clase de incertidumbres sobre el futuro judicial de los miembros de la Fuerza Pública, presupuesto que se establece luego del análisis elaborado a través de los 4 capítulos por los cuales está compuesto el presente artículo que estudia de la misión constitucional de los soldados de la patria, sus garantías judiciales y las implicaciones del fuero penal militar en lo que respecta a la actualidad nacional.This article analyzes the reflection military courts in Colombia in connection with the statements of both Colombian Constitutional Court, and the Inter-American Court of Human Rights. Indeed, after examining the Legislative Act 02 of 2012, "by which Articles 116, 152 and 221 of the Constitution of Colombia are reformed" where the Court (constitutional) decided to declare unconstitutional the norm, accounting for members of the security forces continued violation of judicial guarantees and judicial protection, premise which is reached through reading and legal-political assessment of the rulings of the Constitutional Court and the Inter-American System for the Protection of Human Rights , especially when Colombia now faces a peace process that generates all kinds of uncertainties about the legal future of members of the security forces, budget analysis is then set developed through the 4 chapters which It is composed this article studying the constitutional mission of the soldiers of the homeland, its judicial guarantees and the implications of military criminal jurisdiction with regard to national news

Proceso de reintegración a la vida civil de los menores de edad reclutados por la guerrilla de las FARC

Artículo de investigaciónEl conflicto armado que ha atravesado Colombia a través del tiempo, ha dejado algunas consecuencias muy significativas en la sociedad una de ellas es la vinculación de menores de edad al conflicto armado mediante reclutamiento forzado por parte de los grupos armados al margen de la ley. En el marco del acuerdo de paz, se estableció un proceso de entrega de los menores de edad que se encuentran vinculados en las filas de las FARC para poder realizar actividades de restablecimiento de dichos menores, por medio de este artículo de reflexión se busca responder al interrogante de ¿ Cuáles son los planes de acción diseñados para el restablecimiento de derechos a los menores de edad reclutados en las filas de las FARC, en el marco del acuerdo de paz firmado?, esto con el fin de hacer claridad sobre el procedimiento que se llevara a cabo con los menores de edad y poder establecer cuáles son los criterios que se tienen en cuenta para la reintegración de estos menores a la sociedad, además es necesario establecer si estos menores tendrán la calidad de víctimas y acreditarse como tal en los procesos de reparación a víctimas que llevara a cabo la guerrilla de las FARC.38 p.1. RECLUTAMIENTO DE MENORES DE EDAD 2. RECLUTAMIENTO DE MENORES EN EL DERECHO INTERNACIONES 3. SITUACIÓN DE RECLUTAMIENTO DE NNA EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA 4. EVIDENCIA PROCESOS DE REINTEGRACIÓN DE MENORES RECLUTADOS CONCLUSIONES REFERENCIASPregradoAbogad

Medidas de reparación a las víctimas del conflicto armado y la atención a estándares internacionales

A partir del recorrido conceptual y jurídico realizado en la investigación respecto del acceso a las medidas de reparación a las víctimas, se pudo evidenciar que el punto central y del cual parten para buscar la exigencia de reparación integral como eje trasversal de la aplicación de los derechos humanos, es el derecho constitucional. Esta línea del derecho se ha convertido en el cimiento para la garantía de amparo de los derechos fundamentales de las víctimas, comúnmente vulnerados en el marco del conflicto armado; derechos que han sido plasmados en el preámbulo de la Constitución, al igual que el deber de protección del Estado a la población civil colombiana, de manera formal a través de las medidas expuestas. De igual forma, se analizó que los tratados internacionales han jugado un rol esencial en la optimización de la intervención del Estado a través de la creación de normas y políticas públicas que faciliten el resguardo de los derechos humanos como medidas de acción y así mismo, previniendo las fuentes que dan origen a los enfrentamientos bélicos y no incurrir en continuas omisiones por las que el Estado se ha convertido en cómplice ante la comunidad internacional y ante las víctimas del conflicto armado en Colombia. Sin embargo, la población afectada aún se encuentra deliberadamente desprotegida pese a la vigencia, presión, aplicación e integración de los instrumentos internacionales en el ordenamiento nacional, dado que, es tan alto el número de víctimas – contando solo las registradas – que pareciera una lista eterna y casi imposible de reparar, por lo menos de manera pecuniaria, forma de reparación que generalmente, por no mencionar que, en la totalidad de los casos es una real necesidad. De los mecanismos creados por el acuerdo bajo los criterios de “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición fue la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)” (Acto Legislativo 01, 2017) que está en etapa de construcción, elección de integrantes y de la cual se espera una solución a la problemática de congestión judicial, y en general, que sea una institución efectiva, que permita reducir los daños sufridos respetando los estándares internacionales establecidos y en tiempos razonables, para así brindar una reparación restaurativa a las víctimas del conflicto armado. De otro lado, se pudo acreditar que las víctimas han acudido a instancias internacionales como lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, institución donde la población puede ser escuchada y que se ha encargado de afianzar un concepto menos restringido de lo que es víctima, permitiendo ajustar criterios, percepciones y por tanto lineamientos diferenciales de acceso a la justicia como el medio de control de reparación directa a través de lo contencioso administrativo para víctimas que presuntamente han adquirido dicha condición por ser vulnerados en sus derechos por miembros de la fuerza pública o cualquier institución estatal. Se activa la vía administrativa a través de las medidas creadas por la Ley 1448 de 2011 para todas aquellas personas que han sido afectadas de diversas formas por grupos al margen de la ley, bien sea porque sus familiares fueron efectivamente combatientes, reclutados o enlistados de manera voluntaria, o en caso contrario, fueron muertos a causa o en manos de un subversivo.Based on the conceptual and legal study carried out in the investigation regarding the access to reparation measures for the victims, it was possible to demonstrate that the central point and from which they depart to seek the demand for integral reparation as a transversal axis of the application of the rights human, is the constitutional right. This line of law has become the foundation for the guarantee of protection of the fundamental rights of victims, commonly violated in the context of the armed conflict; rights that have been embodied in the preamble of the Constitution, as well as the duty of protection of the State to the Colombian civil population, formally through the measures described. Likewise, it was analyzed that international treaties have played an essential role in the optimization of State intervention through the creation of norms and public policies that facilitate the safeguarding of human rights as measures of action and likewise, preventing the sources that give rise to the warlike confrontations and not to incur in continuous omissions for which the State has become an accomplice before the international community and before the victims of the armed conflict in Colombia. However, the affected population is still deliberately unprotected despite the validity, pressure, application and integration of international instruments in the national order, given that the number of victims - counting only those registered - is as high as a list eternal and almost impossible to repair, at least in a pecuniary way, a form of reparation that generally, not to mention that in all cases it is a real necessity. Of the mechanisms created by the agreement under the criteria of "Comprehensive System of Truth, Justice, Reparation and Non-Repetition was the Special Jurisdiction for Peace (JEP)" (Legislative Act 01, 2017) which is in the construction stage, election of members and which is expected a solution to the problem of judicial congestion, and in general, that is an effective institution, which allows to reduce the damages suffered respecting the established international standards and in reasonable times, in order to provide a restorative repair to the victims of the conflict armed. On the other hand, it was possible to prove that the victims have appealed to international bodies such as the Inter-American Court of Human Rights, an institution where the population can be heard and has been charged with strengthening a less restricted concept of what is a victim, allowing adjust criteria, perceptions and therefore differential guidelines of access to justice as the means of control of direct reparation through administrative litigation for victims who allegedly have acquired this condition because they are violated in their rights by members of the security forces or any other State institution. Administrative action is activated through the measures created by Law 1448 of 2011 for all those people who have been affected in different ways by groups outside the law, either because their relatives were effectively combatants, recruited or enlisted in a manner voluntary, or otherwise, were killed because of or in the hands of a subversive

Colombia in the face of antipersonnel mine victims and the Inter-American Human Rights System

This article is addressed to establish the obligations of the Colombian State regarding the respect and guarantee of the human rights of the family members and civilian victims of antipersonnel mines, unexploded ordnance and improvised explosive devices, in the context of the internal armed conflict Colombia has suffered for over 40 years, under the standards the State adopted from the Inter-American Human Rights System. The amount by which the victims of these explosive devices has increased, is directly proportional to how the armed conflict in Colombia has grown in intensity, being its main victims members of the police force.Este artículo se ocupa de establecer las obligaciones del Estado colombiano frente al respeto y a la garantía de los derechos humanos de los familiares y de las víctimas civiles de minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados, en el marco del conflicto armado interno que vive Colombia desde hace más de cuarenta años, bajo la normatividad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos adoptada por el Estado. El aumento de víctimas de estos artefactos explosivos es directamente proporcional al crecimiento de la intensidad del conflicto armado en territorio colombiano, teniendo como principales víctimas a miembros de la fuerza pública